A partir del 12 de marzo, los obligados tributarios podrán solicitar su número de referencia, que sirve para descargar el borrador de la renta que pone a disposición la Agencia Tributaria.

Desde el día 19 de marzo, el contribuyente tendrá acceso a sus datos fiscales a través de la web de la Agencia Tributaria o de la aplicación móvil de la misma.

El 2 de abril se inicia la campaña propiamente dicha y desde esta fecha de podrá comenzar a presentar la declaración. Cabe mencionar que únicamente se podrá presentar por vía telemática a través del programa Renta WEB de la Agencia Tributaria.

A finales de mes, el día 29 de abril, quienes lo deseen podrán empezar a solicitar cita previa para confeccionar su declaración por internet con la ayuda telefónica de la Administración. Aquellos que elijan este canal deben tener en cuenta que el primer día hábil para realizar el trámite telefónicamente con asistencia de la Agencia Tributaria es el 6 de mayo.

Los contribuyentes que prefieran acudir presencialmente a la oficina de la Administración a confeccionar su declaración tendrán que esperar un poco más. El primer día para solicitar cita previa es el 29 de mayo y la fecha de inicio para hacer el trámite presencialmente es el próximo 2 de junio.

Recordar que el 25 de junio es el plazo límite para domiciliar el pago si la declaración es a ingresar.

El 30 de junio es la fecha marcada en el calendario para el fin de la campaña para todos los contribuyentes.

 

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El modelo 720 es una declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero.

Se debe informar sobre:

–      Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero

–      Valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.

–      Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles en el extranjero.

Tienen la obligación, las personas físicas y jurídicas residentes en España con bienes en el extranjero por más de 50.000 €.

Existen algunas exenciones a esta obligación:

– Entidades totalmente exentas del Impuesto sobre Sociedades.

– Entidades que tengan registrados en su contabilidad de forma individualizada los bienes de los que debería presentar declaración.

– Respecto a las cuentas corrientes, las abiertas en establecimientos en el extranjero de entidades de crédito domiciliadas en España, que deban ser objeto de declaración por las entidades de crédito, siempre que hubieran podido ser declaradas conforme a la normativa del país donde esté situada la cuenta.

La presentación se realiza de forma telemática del 1 de enero al 31 de marzo de 2025.

 

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La Formación Tripartita, impulsada por el Ministerio de Trabajo, presenta una modalidad de créditos para capacitar a los trabajadores en diversas áreas, con el objetivo de mejorar la competitividad y fortalecer las habilidades del capital humano en España. Estos créditos están destinados a empresas y autónomos, quienes podrán acceder a formación especializada financiada parcialmente por el Estado.

El sistema de créditos permite que las empresas gestionen los fondos para la capacitación de sus empleados mediante un sistema de bonificaciones, que se traduce en descuentos en las cuotas a la Seguridad Social. La cantidad de los créditos se calcula según la plantilla de la empresa y su actividad económica, lo que facilita el acceso a la formación, sin importar el tamaño o sector de la empresa.

Para los trabajadores, este modelo ofrece un acceso más sencillo y gratuito a cursos de formación continua, lo que contribuye al desarrollo de sus competencias profesionales. Además, se establece que la formación no solo se limita a la mejora de habilidades técnicas, sino también al desarrollo de competencias, como la gestión de equipos, liderazgo, o comunicación.

Este sistema, que busca adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral, está diseñado para ser flexible y accesible, dando la oportunidad a todas las empresas y autónomos a mejorar su formación. Sin duda, los Créditos de Formación Tripartita son una herramienta clave para fortalecer la cualificación del empleo y mejorar formación de los empleados.

 

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¿Qué es VeriFactu?

VeriFactu es un sistema de facturación electrónica que surge con el objetivo de digitalizar y controlar el proceso de emisión de facturas en tiempo real.

La AEAT pretende tener mayor control sobre las operaciones comerciales, evitando la emisión de facturas falsas o la emisión de facturas duplicadas por error, reduciendo de esta forma el fraude fiscal.

 

¿Cuándo entra en vigor?

La fecha indicada para la entrada en vigor de Verifactu es el 1 de enero de 2026 para empresas y el 1 de julio de 2026 para autónomos.

Cabe esperar posibles modificaciones de la fecha definitiva de entrada en vigor de este nuevo sistema de facturación.

 

¿Quiénes deben usar VeriFactu?

Obligará a empresas y autónomos que emitan sus facturas por medios electrónicos (software de facturación) a generar y registrar sus facturas con un código único, que garantizará que las transacciones estén identificadas y controladas por Hacienda.

Las empresas y autónomos que emitan sus facturas por vías más clásicas, como plantillas de Excel, Word o PDF, no estarán obligadas a emplear el sistema VeriFactu. De todos modos, advierten desde la Agencia Tributaria que las empresas que mantengan este sistema, serán un colectivo de mayor revisión.

 

Ventajas del sistema VeriFactu

Aunque la puesta en funcionamiento de VeriFactu puede parecer una pesada carga administrativa para autónomos y empresas, presenta también grandes ventajas:

• Reducción del fraude fiscal: al enviar las facturas en tiempo real a la AEAT, se reduce considerablemente la posibilidad de emitir facturas falsas o duplicadas, lo que ayudará a combatir el fraude fiscal.
• Mejora en la gestión empresarial: con esta digitalización del proceso de facturación, tanto autónomos como empresas podrán llevar un control más exhaustivo de sus ingresos y gastos, favoreciendo una mejor gestión financiera.

Evita sanciones: la conexión directa con Hacienda permitirá que los errores en las facturas puedan detectarse y corregirse con mayor facilidad, evitando sanciones y problemas legales.

 

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Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión de jubilación suele ser más baja para los trabajadores autónomos que para los trabajadores por cuenta ajena.

Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, la pensión media de jubilación de un trabajador autónomo se sitúa en 965,03 euros, mientras que la de los trabajadores en Régimen General se sitúa en 1.604,07 euros. Se trata de una diferencia de 639,04 euros mensuales o de 8.946,56 euros anuales (en 14 pagas).

La principal causa de la diferencia radica en las cotizaciones aportadas a la Seguridad Social. Actualmente, la base mínima de cotización de los autónomos es de 950,98 euros, mientras que la de los asalariados se establece en 1.323 euros, de acuerdo con la Orden PJC/281/2024.

Aunque la base máxima de cotización en 2025 llegará a 4.918,75 euros, un 86,6% de los autónomos opta por cotizar por la base mínima, según el informe anual de 2023 del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El mismo informe señala que un 97,1% de los autónomos aumenta su base de cotización a partir de los 55 años; sin embargo, esto puede resultar insuficiente para mejorar la pensión final, ya que el sistema de cálculo actual de la Seguridad Social considera las bases de cotización de los últimos 25 años cotizados.

De esta forma, un autónomo que cotizara toda su vida por la base mínima de 965,03 euros y que alcance el 100% de la base reguladora, recibiría una pensión de 827,16 euros mensuales. En el caso de que la pensión sea inferior a la pensión mínima de 825,20 euros mensuales o de 11.552,80 euros, se podrá solicitar el complemento a mínimos para asegurarse de cobrar la pensión mínima, siempre que cumpla con los requisitos.

 

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